A unos días de presentar el paquete fiscal y presupuestal para 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció que será un proyecto responsable que garantice una paulatina consolidación fiscal, mantenga la inversión y preserve el bienestar, la salud y la educación.
Durante su segundo Informe de gobierno, Sheinbaum explicó que la reciente aprobación de la Ley para la Inversión permite acelerar la inversión pública y mixta en el segundo semestre de 2026, con el fin de fortalecer la infraestructura y el desarrollo nacional.
La mandataria subrayó que el Estado recupera la rectoría en la planeación del desarrollo, la infraestructura y los sectores estratégicos, utilizando instrumentos financieros de manera inteligente para ampliar la inversión sin ceder el control del interés público. "A eso nos referimos con inversión mixta", sostuvo.
Asimismo, enfatizó que recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público. Por el contrario, implica contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica, y que al mismo tiempo garanticen derechos, impulsen el desarrollo, distribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía energética.
En el marco del Plan México, la presidenta destacó la publicación de dos decretos con incentivos para la inversión privada, dirigidos a 25 polos de desarrollo económico para el bienestar, de los cuales 10 ya están en proceso de desarrollo. Además, informó que 25 de los 100 parques industriales proyectados ya se encuentran en operación.
Para agilizar la inversión, se creó la Oficina de la Presidencia para la Promoción de las Inversiones, con una ventanilla única que aprueba trámites en un máximo de 60 días. En cuatro meses, esta oficina ha aprobado 19 proyectos por un monto de tres mil 760 millones de dólares.
También se refirió a la simplificación de trámites, destacando la reducción del cien por ciento de los trámites en Cofepris. Para replicar este modelo en todo el país, se implementa un catálogo único de trámites y servicios con estados y municipios, con la meta de reducirlos al menos al 50 por ciento.
Estas acciones buscan equilibrar el crecimiento económico con la protección social, en un contexto donde la ciudadanía demanda certidumbre laboral y acceso a servicios de salud y educación. La promesa de un paquete fiscal responsable apunta a mantener la confianza de los mercados y, a la vez, sostener los programas sociales que han sido el pilar de la Cuarta Transformación.
El anuncio sienta las bases para el debate presupuestal en el Congreso, donde se espera que los legisladores morenistas respalden las prioridades del Ejecutivo. La ciudadanía, por su parte, observa con atención que las finanzas públicas no se traduzcan en recortes a los apoyos sociales ni en un freno a la inversión en infraestructura.