La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el objetivo de endurecer las sanciones contra la piratería, la falsificación y el uso indebido de derechos de autor. La votación final fue de 281 votos a favor, 87 en contra y ninguna abstención, por lo que el proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación o eventual observación.
El dictamen tiene su origen en una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y fue respaldado por el grupo parlamentario de Morena. Con estos cambios, el marco legal busca actualizar los supuestos de sanción para conductas que afectan a creadores, productores y titulares de derechos, así como armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales en la materia.
Uno de los cambios centrales es la sustitución del criterio de ánimo de lucro por el de escala comercial. Con ello se pretende alcanzar conductas que, aunque no generen un beneficio económico directo, provoquen afectaciones significativas a los derechos de autor o a la explotación legítima de obras, productos y servicios. Este ajuste amplía el universo de casos que podrían ser perseguidos penalmente.
La reforma establece penas de cuatro a diez años de prisión y multas de dos mil a veinte mil días para quienes, sin autorización, divulguen, publiquen, comuniquen o distribuyan obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en territorio nacional. También contempla tres a siete años de prisión y multas de mil a diez mil días para quienes, a escala comercial y de manera consciente, eliminen o alteren información sobre la gestión de derechos de propiedad intelectual.
En materia de reparación del daño, el dictamen fija que la indemnización no podrá ser inferior al 40 por ciento del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo involucrado. Además, las víctimas u ofendidos podrán optar por una cantidad resarcitoria de entre 340 y 50 mil Unidades de Medida y Actualización, según las circunstancias de la conducta y la magnitud del perjuicio.
Otro aspecto relevante es la incorporación de sanciones para el uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial y con fines ilícitos, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, cuando estas conductas busquen inducir a error o engaño sobre el origen oficial de comunicaciones, documentos, plataformas o servicios. Para estos casos se prevé una pena de cinco años de prisión y multa de mil a diez mil UMA.
El impacto práctico de la reforma alcanza a creadores, artistas, autores, productores y titulares de derechos, que dispondrían de mecanismos más claros para reclamar indemnizaciones. También afecta a consumidores y empresas, pues se busca reducir la circulación de productos falsificados y el uso engañoso de identidades oficiales, aunque el éxito dependerá de la capacidad de investigación y persecución de las autoridades.
Con esta aprobación, Morena refrenda su respaldo a una iniciativa presidencial que busca fortalecer el Estado de derecho en materia de propiedad intelectual. El dictamen pasa ahora al Ejecutivo Federal, que podrá publicarlo en el Diario Oficial de la Federación o, en su caso, formular observaciones. De publicarse sin cambios, las nuevas penas y criterios de reparación entrarían en vigor conforme a los artículos transitorios del decreto.