En el marco del programa “Mujeres Privadas de la Libertad”, el gobierno del Estado de México ha logrado que 63 mujeres que se encontraban en centros penitenciarios regresen a sus hogares durante los casi tres años de la administración actual. La cifra fue dada a conocer por la Secretaría de las Mujeres, que junto con la consejería jurídica y el Instituto de la Defensoría Pública coordinan esfuerzos para garantizar una defensa adecuada y el acceso a beneficios legales.
El programa articula el trabajo de diversas instituciones estatales para atender cada caso de manera particular. La titular de la Secretaría de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, explicó que el acompañamiento no se limita al proceso legal, sino que busca asegurar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y reintegrarse a la sociedad.
Durante los primeros ocho meses de 2026, nueve mujeres obtuvieron su libertad. El caso más reciente es el de Kimberly N, quien contó con la representación jurídica del Instituto de la Defensoría Pública para el análisis, seguimiento y atención de su proceso. Las autoridades destacan que cada situación es distinta y que el apoyo se brinda siempre en el marco de la ley.
Uno de los aspectos relevantes del programa es que el respaldo no concluye con la salida del centro penitenciario. La Secretaría de las Mujeres ofrece acompañamiento y canalización a servicios con perspectiva de género, igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de favorecer la reintegración social de las beneficiarias.
Dependiendo de las particularidades de cada caso, la dependencia estatal también apoya en el pago de multas cuando la legislación lo permite, así como en el traslado de las mujeres a sus hogares y en el seguimiento posterior a su liberación. Esto busca reducir las barreras que enfrentan al salir de prisión.
Por su parte, la consejería jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública, brinda representación y asistencia legal, analiza cada expediente y da seguimiento a los procedimientos para que las mujeres accedan, cuando legalmente proceda, a los beneficios establecidos en la ley.
Este tipo de acciones forman parte de una política más amplia del gobierno estatal para atender a sectores vulnerables. La liberación de mujeres privadas de la libertad no solo tiene un impacto directo en sus vidas, sino también en sus familias y comunidades, al permitirles retomar sus proyectos y contribuir al tejido social.
La coordinación entre instituciones es clave para que el programa funcione. La Secretaría de las Mujeres y la consejería jurídica trabajan de manera conjunta para que cada caso sea revisado con perspectiva de género y se respeten los derechos humanos de las involucradas.
Hasta el momento, el programa ha mostrado resultados concretos, y las autoridades estatales han señalado que continuarán trabajando para ampliar su alcance. La meta es que más mujeres en situación de prisión puedan acceder a estos beneficios y reintegrarse plenamente a la sociedad.