Un grupo de diputadas y diputados de Morena respaldó a Karla Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez, síndica hacendaria del municipio de Zempoala, Hidalgo, quien denunció la suspensión de sus funciones después de solicitar información sobre obra pública y finanzas municipales. Desde la Cámara de Diputados, las y los legisladores exigieron que se respeten sus derechos políticos y que sea restituida en el cargo.
El caso se remonta a la solicitud de la síndica para acceder a documentación financiera y de obra pública necesaria para cumplir sus atribuciones de fiscalización. De acuerdo con su testimonio, ante la negativa del ayuntamiento presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y, en lugar de recibir la información, se le abrió un procedimiento administrativo que derivó en la suspensión de sus funciones.
Gutiérrez Gutiérrez sostuvo que desde el 25 de septiembre se determinó que debía reincorporarse de manera inmediata, pero la restitución no se ha concretado. Advirtió que esa situación le impide cumplir responsabilidades vinculadas con la representación del municipio y con la rendición de cuentas ante las instancias correspondientes.
En una conferencia de prensa, la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos llamó al presidente municipal de Zempoala, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, a restituir a la síndica y respetar sus atribuciones. La legisladora subrayó la importancia de que las mujeres ejerzan cargos públicos con libertad y sin represalias por alzar la voz ante situaciones que consideran injustas.
El diputado José Carlos Acosta Ruiz calificó la suspensión como presuntamente ilegal y pidió la intervención del gobernador de Hidalgo para contribuir a resolver el conflicto. También llamó a las autoridades judiciales de la entidad a garantizar el cumplimiento de las resoluciones y el restablecimiento de la legalidad en el municipio.
Las diputadas Petra Romero Gómez y Olga Leticia Chávez Rojas se sumaron al rechazo a la violencia política en razón de género y expresaron su respaldo a la síndica. El pronunciamiento del grupo parlamentario insistió en que quienes ocupan cargos de representación deben poder cumplir sus responsabilidades sin obstáculos indebidos.
El conflicto coloca en el centro un tema sensible para la vida municipal: el acceso efectivo de los cargos de fiscalización a la información pública. La síndica hacendaria tiene entre sus funciones revisar el manejo de recursos y dar seguimiento a la rendición de cuentas, por lo que la falta de documentación limita el contrapeso interno del ayuntamiento.
Para la ciudadanía de Zempoala, la disputa implica que el órgano encargado de vigilar el uso de recursos públicos no pueda operar con normalidad. La resolución del caso depende de las autoridades municipales, del Tribunal Electoral local y de las instancias judiciales de Hidalgo, que deberán definir si la suspensión se ajustó a derecho y si procede la reincorporación ordenada.
El respaldo de legisladores federales de Morena no resuelve por sí mismo el conflicto, pero aumenta la presión política para que el ayuntamiento acate las determinaciones y permita que la síndica retome sus funciones. El desenlace también será un referente sobre la protección de los derechos políticos de las mujeres en el ámbito municipal.