La diputada local de Morena Luisa Esmeralda Navarro Hernández rindió su Segundo Informe Legislativo de Labores con un balance centrado en los derechos de las poblaciones LGBTTTIQNB+: de siete iniciativas presentadas en ese ámbito, tres fueron aprobadas por la LXII Legislatura mexiquense entre septiembre de 2025 y octubre de 2026. El acto reunió a legisladores locales, servidores públicos estatales y municipales, así como habitantes de Valle de Chalco.
La reforma de mayor alcance es la tipificación del transfeminicidio en el Código Penal del Estado de México, avalada el 12 de noviembre de 2025. La norma contempla penas de hasta 93 años y cuatro meses de prisión para quien cometa ese delito, lo que coloca a la entidad entre las que reconocen esta figura en su legislación penal. El dato importa porque implica que la violencia letal contra personas trans deja de tratarse como un homicidio genérico y adquiere una clasificación propia, con efectos en la investigación ministerial y en la forma en que los jueces valoran estos casos.
Un segundo paquete aprobado el 9 de abril de 2026 reconoce jurídicamente las identidades no binarias y permite la libre elección del orden de los apellidos. En la práctica, estos cambios impactan trámites de identidad y documentos oficiales, un terreno donde las personas no binarias han enfrentado obstáculos administrativos para que su identidad sea reconocida en el papel. La tercera iniciativa aprobada, en octubre de 2026, incorpora a las poblaciones LGBTTTIQNB+ como grupos de atención prioritaria en las políticas estatales y municipales de desarrollo social.
Navarro Hernández preside la Comisión Legislativa para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones LGBTTTIQ+. En su informe sostuvo que su llegada al Congreso permitió llevar a la tribuna demandas de activistas y colectivos que durante años han defendido estos derechos, y atribuyó los resultados a acuerdos entre integrantes del Congreso más que a un trabajo individual. Reconoció en particular la disposición del diputado Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, y agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Cuatro iniciativas permanecen en análisis y su suerte definirá si el avance legislativo se traduce en estructura institucional. Se trata de la creación de direcciones de atención a estas poblaciones en los 125 municipios, el acceso a vivienda digna sin discriminación, una cuota laboral para personas trans en el servicio público y la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra las Poblaciones LGBTTTIQNB+. Esta última es la más sensible: sin una instancia de investigación dedicada, la tipificación del transfeminicidio podría quedar limitada en su aplicación cotidiana.
El informe también dio cuenta de la labor de gestión social desde la oficina de la legisladora, denominada Casa de la Transformación Diversa, con acompañamiento a familias que buscan justicia, vinculación con organizaciones civiles, jornadas comunitarias y servicios de asesoría jurídica, orientación psicológica y canalización en salud. Se mencionaron además 10 convenios de colaboración y 45 instrumentos de intención firmados entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y organizaciones, colectivos y personas defensoras.
Entre las actividades reportadas figuran la participación en el Primer Encuentro Estatal de Representantes LGBTTTIQNB+, la presentación de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres de la Diversidad Sexual y de Género, una carrera de 5 kilómetros realizada el 25 de octubre en Valle de Chalco Solidaridad con más de 5 mil participantes y jornadas gratuitas de esterilización de animales en coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.
El contexto importa: el Estado de México es la entidad más poblada del país y concentra municipios con alta incidencia de violencia. Para las poblaciones de la diversidad sexual y de género, el paso de una ley a una práctica institucional efectiva depende de presupuesto, capacitación de servidores públicos y voluntad política sostenida. El informe de Navarro Hernández muestra un avance normativo verificable, pero también deja pendientes que definirán si esos cambios llegan a la vida diaria de quienes buscan justicia, vivienda o empleo sin discriminación.