La promulgación de la Ley del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México marca un parteaguas en la política social capitalina, al reconocer por primera vez el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado como derechos humanos. La legislación, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, establece las bases para un sistema público que redistribuya las tareas de cuidado, históricamente recargadas en las mujeres, y que busca erradicar la llamada pobreza de tiempo que limita sus oportunidades de desarrollo.
La nueva ley, publicada en la Gaceta Oficial, contempla la construcción y ampliación de centros de atención infantil, Casas de las Tres R, Casas de Día para personas adultas mayores, espacios para personas con discapacidad y nuevas UTOPÍAS, con el objetivo de fortalecer una red pública de cuidados que beneficie a miles de familias. Además, crea el primer Sistema de Educación Inicial obligatorio del país, un avance significativo en la cobertura educativa desde la primera infancia.
Uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como la implementación de mecanismos para dignificar y profesionalizar a las personas cuidadoras, garantizándoles derechos laborales y sociales. Esta medida busca visibilizar una labor que durante generaciones ha sido invisibilizada y que recae de manera desproporcionada en las mujeres.
Desde la dirigencia de Morena en la capital se destacó que esta ley es resultado de décadas de lucha del movimiento de mujeres y del compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación por ampliar derechos y construir un Estado de bienestar. La jefa de Gobierno calificó la promulgación como el inicio de una "revolución de los cuidados", al asumir el Estado la responsabilidad de redistribuir esas tareas.
Para la ciudadanía, la entrada en vigor de esta ley implica un cambio concreto en la vida cotidiana: las familias tendrán acceso a más espacios públicos de cuidado, lo que permitirá a las mujeres participar en el mercado laboral o en actividades educativas con mayor facilidad. También se espera una reducción de la carga de trabajo no remunerado, que en la capital representa una parte importante del tiempo de las mujeres.
La implementación será progresiva, por lo que se requerirá de una asignación presupuestal suficiente y de la coordinación entre las distintas dependencias del gobierno local. Organizaciones civiles han señalado que será clave vigilar que los recursos lleguen a las zonas más marginadas, donde la necesidad de infraestructura de cuidados es mayor.
Con esta ley, la Ciudad de México se posiciona como un referente nacional en materia de políticas de cuidados, al ser la primera entidad en contar con un sistema público de este tipo. Se espera que otras entidades federativas retomen el modelo, aunque los especialistas advierten que se requiere de voluntad política y recursos para replicar el esquema.
En el ámbito político, la promulgación refuerza el perfil de Clara Brugada como una gobernante cercana a las causas sociales y consolida la agenda de la Cuarta Transformación en la capital, de cara a los próximos procesos electorales. La ley también abre la puerta a nuevas reformas en materia de igualdad de género y protección social.