La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este martes un fortalecimiento integral de la estrategia para combatir el delito de despojo, con nuevas acciones coordinadas entre el Gobierno capitalino, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica, el Poder Judicial, el Registro Público de la Propiedad y el Colegio de Notarios.
El objetivo es garantizar una respuesta institucional más rápida y eficaz para proteger el patrimonio de las familias, fortalecer la prevención del delito, combatir las redes criminales dedicadas al despojo y erradicar cualquier acto de corrupción que facilite estas conductas.
Uno de los principales anuncios fue el establecimiento de nuevos tiempos de atención para los casos en los que exista evidencia suficiente del delito y de la legítima posesión del inmueble: 15 días para el aseguramiento y restitución de la propiedad y hasta 30 días para la judicialización de los responsables, con el propósito de que la justicia actúe oportunamente en favor de las víctimas.
Como parte del fortalecimiento institucional también se anunció la creación de una Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, un programa permanente de regularización patrimonial, una Unidad de Inteligencia Registral, nuevas agencias especializadas de investigación y judicialización, un protocolo único de reacción inmediata y un equipo especial para investigar posibles actos de corrupción relacionados con este delito.
La Fiscalía General de Justicia aclaró que, de acuerdo con las cifras oficiales, el delito de despojo no ha aumentado en la Ciudad de México, pues el promedio diario de denuncias se ha mantenido estable durante los últimos años. Asimismo, explicó que una parte importante de las denuncias recibidas corresponde en realidad a conflictos civiles, sucesorios o patrimoniales que jurídicamente no constituyen el delito de despojo, aunque también requieren atención institucional.
Las autoridades informaron que desde la creación del Gabinete contra Despojos se han analizado 1,032 casos, de los cuales 388 fueron dictaminados como posibles despojos, permitiendo realizar 317 acciones, entre ellas restituciones de inmuebles, aseguramientos y otras medidas para proteger el patrimonio de las víctimas.
Durante la conferencia también se reiteró que el Gobierno de la Ciudad mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier servidor público que participe o facilite este delito y continuará fortaleciendo la investigación para desarticular redes criminales dedicadas al despojo mediante labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.
Estas medidas buscan dar certeza jurídica a las familias capitalinas, que muchas veces enfrentan largos procesos legales para recuperar sus propiedades. Con los nuevos plazos, se espera que las víctimas vean una respuesta más ágil y que se desincentive la ocupación ilegal de inmuebles.