La diputada federal Beatriz Andrea Navarro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objetivo de frenar la publicidad que promociona playas privadas o accesos exclusivos al mar. La propuesta busca que las autoridades puedan vigilar páginas de internet, plataformas de reservación y redes sociales donde se ofrecen estos servicios, además de permitir investigaciones de oficio y el retiro de anuncios engañosos.
Desde la tribuna de San Lázaro, la legisladora sostuvo que las playas son bienes de la Nación y que su carácter público no puede utilizarse como argumento comercial para elevar el valor de inmuebles, hospedajes o paquetes turísticos. Su planteamiento parte de una distinción jurídica que en México está establecida desde hace décadas: la zona federal marítimo terrestre es inalienable e imprescriptible, y el acceso a ella no puede restringirse mediante promesas de exclusividad.
El problema que la iniciativa intenta atender no es menor. En distintos destinos de playa del país, desarrollos inmobiliarios y hoteles han sido señalados por obstruir accesos públicos, colocar barreras físicas o vender la idea de que ciertas franjas de arena son de uso privado. Esas prácticas han generado conflictos entre vecinos, turistas y empresas, y han derivado en denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La propuesta de Navarro Pérez contempla varios frentes. Por un lado, fortalecer la vigilancia de los canales digitales donde se difunde este tipo de publicidad, un terreno que las autoridades han reconocido como especialmente difícil de monitorear por la velocidad con que se renuevan los anuncios. Por otro, habilitar investigaciones de oficio, es decir, que la autoridad pueda actuar sin necesidad de una denuncia previa de un particular afectado.
Además, la iniciativa plantea mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales, así como un informe público anual sobre los resultados de estas acciones. Ese componente de rendición de cuentas busca que la ciudadanía pueda conocer cuántas investigaciones se abrieron, cuántos anuncios se retiraron y qué sanciones se aplicaron, información que hoy no se presenta de manera sistemática.
La legisladora aclaró que la propuesta no pretende limitar la inversión turística ni frenar la actividad económica en zonas costeras. Su argumento es que las reglas claras y la información veraz benefician tanto a los consumidores como a los empresarios que operan dentro de la legalidad, porque evitan que la competencia se base en promesas que la Constitución prohíbe.
"Se trata de que la inversión se haga con la verdad por delante y de que ningún desarrollador pueda venderle a una familia mexicana o a un visitante extranjero algo que la Constitución prohíbe", afirmó Navarro Pérez durante la presentación de la iniciativa.
El impacto práctico de esta reforma, de aprobarse, recaería en dos ámbitos concretos. Para los consumidores, implicaría que los anuncios de hospedaje o desarrollo inmobiliario que ofrezcan playas privadas podrían ser retirados y sancionados, lo que reduce el riesgo de pagar por un servicio que no puede existir legalmente. Para las autoridades, significaría ampliar sus facultades de vigilancia en un entorno digital donde la publicidad turística se renueva constantemente.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados, donde deberá ser dictaminada antes de que pueda discutirse en el pleno. Al tratarse de una reforma a una ley federal, su eventual aprobación requeriría también el aval del Senado y la publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.