La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con 324 votos a favor, 107 en contra y una abstención. La minuta establece bases para homologar y modernizar los sistemas catastrales y los registros públicos de la propiedad en todo el país, con el fin de fortalecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
El dictamen se sustenta en el artículo 73, fracción XXIX-R, de la Constitución, que faculta al Congreso a expedir la legislación que armonice los registros públicos y los catastros. Con ello se busca que la información territorial y patrimonial sea más confiable, actualizada y accesible, tanto para la gestión pública como para el ordenamiento del territorio.
La ley será aplicable a las autoridades que desempeñan funciones catastrales y registrales, así como a las instituciones que generan, administran o resguardan información vinculada con esas materias. Esto implica que estados y municipios deberán alinear sus procedimientos a estándares comunes, aunque la operación cotidiana seguirá en manos de las autoridades locales.
Uno de los cambios centrales es la creación de la Clave Única Catastral, que permitirá identificar de manera estandarizada cada predio o unidad inmobiliaria. Su integración se definirá mediante lineamientos técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
También se contempla la Plataforma Nacional Catastral, orientada a homologar trámites y conectar la información territorial y predial de estados y municipios bajo estándares comunes de interoperabilidad. En paralelo, la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad permitirá gestionar de manera homologada los trámites registrales con criterios y estándares compartidos.
Para la ciudadanía, la armonización podría traducirse en trámites más claros y con menor variación entre entidades, así como en mayor certeza jurídica sobre la propiedad. No obstante, la implementación efectiva dependerá de la capacidad técnica y presupuestal de los gobiernos locales, que son los que atienden directamente los servicios catastrales y registrales.
La votación refleja una mayoría a favor, pero también una oposición relevante de 107 legisladores. El debate de fondo es cómo se repartirán las nuevas obligaciones entre los tres órdenes de gobierno y qué mecanismos de coordinación se usarán para evitar duplicidad de funciones o cargas administrativas adicionales.
Con esta ley, Morena refrenda su apuesta por la modernización institucional y la transformación digital, pero el reto será que la homologación no se quede en el papel y llegue a ventanillas, sistemas y registros concretos. La protección del patrimonio y la facilidad para hacer trámites son los parámetros con los que la ciudadanía podrá evaluar su utilidad.