La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, evaluó con 7.0 el desempeño de su administración a tres años de haber asumido el cargo, una valoración que ella misma describió como autocrítica y que llega en la antesala de su Tercer Informe de Gobierno, previsto para el 30 de septiembre.
La mandataria reconoció que, si bien se han registrado avances, persisten pendientes que deberán atenderse durante la segunda mitad de su gestión. Entre las prioridades que enumeró para ese tramo final aparecen la seguridad, la salud y el mejoramiento de calles mediante trabajos de bacheo, temas que, según planteó, concentran las principales demandas de la ciudadanía mexiquense.
El anuncio de la calificación no fue el único elemento de la evaluación. Gómez Álvarez dejó abierta la posibilidad de realizar cambios y una reestructura dentro de su gabinete, con modificaciones en algunas dependencias, con el objetivo declarado de fortalecer el funcionamiento de la administración estatal. Se trata de un ajuste que, de concretarse, podría implicar relevos o reasignaciones en áreas clave del gobierno mexiquense.
La propia gobernadora sostuvo que su administración mantiene el compromiso de seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población, aunque admitió que hay áreas en las que es necesario redoblar esfuerzos. Esa combinación de balance y reconocimiento de carencias marca el tono del mensaje con el que se aproxima al informe ante la ciudadanía y la Legislatura local.
El Estado de México es la entidad más poblada del país y concentra municipios con problemáticas diversas, desde zonas metropolitanas densamente urbanizadas hasta regiones con rezagos en servicios básicos. En ese contexto, los rubros que la gobernadora identificó como prioritarios —seguridad, salud y bacheo— suelen aparecer de manera recurrente entre las exigencias ciudadanas, y su atención o postergación incide directamente en la vida cotidiana de millones de personas.
El bacheo, en particular, es un tema sensible porque afecta la movilidad diaria, el deterioro de vehículos y los tiempos de traslado en municipios como Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl o Naucalpan. La seguridad, por su parte, involucra la coordinación entre autoridades estatales y municipales, un esquema que en la entidad ha sido motivo de debate constante. En salud, la operación de hospitales y centros de salud, así como el abasto de medicamentos, son puntos que la población suele evaluar de manera directa.
La evaluación de 7.0 se produce además en un calendario político relevante. El Tercer Informe de Gobierno, programado para el 30 de septiembre, será el espacio formal en el que la mandataria presente ante la ciudadanía y la Legislatura mexiquense los avances de los primeros tres años, así como los retos para la segunda mitad del periodo. Ese ejercicio suele marcar el tono de la agenda pública del año siguiente y, en este caso, podría servir también para perfilar los ajustes administrativos que la gobernadora anticipó.
Para la ciudadanía, los anuncios de reestructura y de prioridades tienen una traducción práctica: definirán qué dependencias concentran recursos y atención, y qué programas o servicios podrían modificarse. La eventual llegada de nuevos titulares a algunas áreas también implica curvas de aprendizaje y cambios en la operación cotidiana de trámites y servicios estatales.
El mensaje de la gobernadora combina una defensa de lo alcanzado con el reconocimiento de que los resultados aún no son suficientes. Esa postura autocrítica, expresada en una calificación numérica poco habitual en el lenguaje gubernamental, busca posicionar el informe como un ejercicio de rendición de cuentas y no solo como una enumeración de logros. El tiempo dirá si los ajustes anunciados se traducen en mejoras concretas en los rubros que la propia mandataria señaló como pendientes.