La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó en Texcoco una reunión con presidentas y presidentes municipales del corredor AIFA-Pirámides, un encuentro que, según lo expuesto por el secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, busca construir una estrategia conjunta en materia de seguridad, desarrollo económico y generación de empleos. La cita ocurre apenas después del despliegue de la Operación Otomí, que abarcó varios municipios de esa región, y abre la pregunta sobre si derivará en un nuevo esquema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Entre los asistentes estuvieron Mario Paredes de la Torre, de Teotihuacán; José Vicente Meneses Benítez, de San Martín de las Pirámides; Mauro Martínez Martínez, de Tonanitla; Rosa Yolanda Wong Romero, de Tecámac; Mario Elizalde Vázquez, de Nopaltepec; Rosario Payne, de Jaltenco; Melitón Cid Galicia, de Axapusco, y Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, de Acolman. Se trata de municipios con realidades distintas: algunos concentran actividad industrial y logística por su cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras otros son zonas rurales o con vocación turística, como Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.
El corredor AIFA-Pirámides ha cobrado relevancia por el crecimiento de la mancha urbana, el flujo de mercancías y el tránsito de visitantes hacia la zona arqueológica. Ese dinamismo también ha traído presiones en movilidad, servicios y seguridad, por lo que la coordinación entre el gobierno estatal, los ayuntamientos y la federación se vuelve un asunto sensible para las comunidades.
La reunión no se planteó formalmente como la instalación de un mando unificado, pero el solo hecho de convocar a los ediles de ese corredor para hablar de seguridad la coloca como un movimiento a seguir. En el pasado, esquemas similares han derivado en operativos conjuntos, mesas de trabajo permanentes o programas de apoyo federal, aunque por ahora solo se habla de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Para la población, el impacto práctico de este tipo de encuentros depende de que se traduzcan en resultados verificables: mayor presencia de corporaciones, atención a delitos de alto impacto, mejores condiciones para el comercio local y certidumbre para quienes trabajan en la zona. Sin mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, el riesgo es que la coordinación quede en el anuncio.
El contexto inmediato es la Operación Otomí, un despliegue que incluyó varios municipios de la región y que forma parte de los esfuerzos por contener la incidencia delictiva. La reunión en Texcoco sugiere que la estrategia estatal busca sumar a los gobiernos municipales, que son los primeros respondientes en materia de seguridad pública y quienes enfrentan directamente las demandas vecinales.
En paralelo, el Estado de México vive un periodo de definiciones electorales. Este martes, el Consejo General del IEEM, presidido por Amalia Pulido Gómez, abordará los topes de gastos para quienes busquen una candidatura independiente a una diputación local o ayuntamiento en el proceso 2026-2027. El Código Electoral establece que, durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano, los aspirantes podrán gastar hasta el equivalente al 10 por ciento del tope fijado para la campaña inmediata anterior de la elección correspondiente.
Ese marco financiero será determinante para quienes pretendan competir sin el respaldo de un partido político, pues deberán reunir firmas, cumplir requisitos y sujetarse a límites de gasto. La discusión del IEEM ocurre en un escenario donde la ciudadanía observa con atención quiénes intentarán esa vía y con qué recursos.
Mientras tanto, la agenda de seguridad y protección civil sigue marcando la pauta en la entidad. El caso más reciente de pirotecnia ocurrió la noche del domingo en San Jerónimo Cuatro Vientos, Ixtapaluca, durante una fiesta patronal, con reportes de 18 personas afectadas, 12 trasladadas a hospitales y cinco menores con quemaduras de primero y segundo grado. El episodio reaviva el debate sobre la prevención en el manejo de cohetes, sobre todo ante la proximidad de las fiestas decembrinas.
El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia señala que hay fabricantes en más de 60 municipios y calcula alrededor de 8 mil 200 iglesias en la entidad donde se utiliza pirotecnia en celebraciones. Comunidades como San Pedro Tultepec y San Mateo Tlalchichilpan, en Almoloya de Juárez, tienen una actividad pirotécnica relevante, y las fiestas patronales concentran el mayor riesgo. Una propuesta presentada desde marzo de 2025 por la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, busca homologar medidas de seguridad en talleres y puntos de venta, capacitar y certificar a productores y reforzar la vigilancia, sin prohibir una actividad de la que dependen más de 40 mil familias mexiquenses.