El gobierno del Estado de México cerró el primer semestre de 2026 con una deuda pública de 58 mil 68 millones de pesos, una reducción cercana a 3 mil millones de pesos respecto al saldo de casi 61 mil millones que recibió la administración en 2023, de acuerdo con el reporte trimestral de la Secretaría de Finanzas estatal. En los primeros tres años de gestión, la administración de Delfina Gómez Álvarez no contrató nuevos empréstitos, lo que contrasta con el crecimiento del pasivo registrado en el sexenio anterior, cuando la deuda se duplicó.
La trayectoria del saldo muestra una baja sostenida: en 2024 pasó de 61 mil millones a 59 mil 830 millones de pesos, y para 2025 se ubicó en 58 mil 750 millones. Al cierre del primer semestre de 2026, la cifra se colocó en 58 mil 68 millones, lo que confirma una tendencia descendente sin recurrir a financiamiento adicional.
El costo de atender el endeudamiento también representa una carga relevante para las finanzas estatales. Solo en el año fiscal en curso, el gobierno destinó 7 mil 138 millones 259 mil pesos al servicio de la deuda, de los cuales ya erogó 3 mil 80 millones 32 mil pesos entre enero y junio, equivalentes al 43 por ciento del total anual programado. Entre 2024 y 2026, la administración ha canalizado más de 42 mil millones de pesos a conceptos como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), amortizaciones y costo financiero.
El desglose por año muestra variaciones en el destino de esos recursos. En el primer año de gestión se pagaron 10 mil 326 millones 539 mil 437 pesos, de los cuales 2 mil 671 millones correspondieron a Adefas, mil 151 millones a amortizaciones y 6 mil 503 millones al costo financiero. Para el segundo año, el monto subió a 16 mil 805 millones 309 mil 559 pesos, con un aumento notable en Adefas, que alcanzó 7 mil 413 millones. En el tercer año, la cifra bajó a 15 mil 747 millones 941 mil 821 pesos, con 7 mil 260 millones en Adefas, 2 mil 126 millones en amortizaciones y 6 mil 360 millones en costo financiero.
La composición de la deuda muestra que 18 mil 558 millones de pesos se mantienen con la Banca de Desarrollo, específicamente con Banobras, mientras que más de 39 mil millones corresponden a cinco instituciones de la banca comercial. Esta estructura refleja una mezcla entre créditos de largo plazo y obligaciones con la banca privada, lo que incide en el perfil de vencimientos y en el costo financiero que debe cubrirse cada año.
La Secretaría de Finanzas ha señalado que el endeudamiento se mantiene en niveles de sostenibilidad y que el saldo total al cierre de 2027 no debe rebasar el techo de financiamiento establecido en el paquete presupuestal. Además, la estrategia no se limita a un plan de reestructuración, sino que contempla el refinanciamiento del pasivo heredado, con el objetivo de mejorar las condiciones de pago y liberar recursos para otras prioridades.
Para la ciudadanía, la contención de la deuda tiene efectos prácticos: un menor crecimiento del pasivo reduce la presión sobre las finanzas públicas y disminuye la necesidad de destinar recursos futuros al pago de intereses, lo que en teoría libera margen para gasto social e inversión. Sin embargo, el costo financiero anual sigue siendo elevado y compite con otras demandas de recursos, por lo que el manejo responsable de la deuda será un factor clave para la estabilidad financiera de la entidad en los próximos años.
El reporte trimestral también permite observar que la reducción de la deuda no ha implicado un aumento en la contratación de nuevos créditos, lo que sugiere una política de disciplina financiera. No obstante, el reto persiste: mantener la tendencia a la baja sin sacrificar la capacidad de inversión pública y sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas estatales en el mediano plazo.