El diputado federal Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para exigir nacionalidad única a quienes ejerzan la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas. La propuesta establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana y renunciar a cualquier otra para poder contender.
El legislador precisó que la reforma no elimina ni limita el derecho de las personas mexicanas a contar con doble nacionalidad, reconocido en el artículo 32 constitucional. Las disposiciones serían aplicables exclusivamente a quienes decidan participar en procesos electorales para las titularidades del Poder Ejecutivo contempladas en el dictamen, por lo que el resto de la ciudadanía mantendría su situación jurídica actual sin cambios.
De aprobarse, quienes ejerzan estos cargos no podrán adquirir o ejercer otra nacionalidad, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra nacionalidad ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado. Se trata de restricciones que operarían durante el ejercicio del cargo y que buscan asegurar un vínculo jurídico-político exclusivo con México, según la argumentación expuesta por el promovente.
El régimen transitorio del dictamen establece que los nuevos requisitos serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes actualmente ocupan la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno. Además, el Congreso de la Unión y las entidades federativas contarían con 90 días naturales para armonizar la legislación correspondiente una vez consumada la reforma constitucional.
La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre los requisitos de elegibilidad para los cargos de mayor responsabilidad en el país. La doble nacionalidad ha sido un derecho reconocido en México desde hace décadas y su coexistencia con el ejercicio de funciones públicas de primer nivel ha generado discusiones recurrentes sobre posibles conflictos de interés, lealtades divididas o vulnerabilidades frente a terceros países.
En términos prácticos, la reforma no cambiaría la vida cotidiana de las personas con doble nacionalidad que residen en México o en el extranjero, pero sí modificaría las reglas del juego para una élite política reducida. Los partidos y precandidatos interesados en competir por el Ejecutivo federal o estatal en 2028 tendrían que ajustar sus perfiles y documentación con anticipación, lo que podría influir en la definición de candidaturas y en la planeación de las próximas contiendas.
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales deberá ser discutido y votado por el Pleno de la Cámara de Diputados, y en caso de aprobarse, continuaría su proceso en el Senado y en los congresos locales, al tratarse de una reforma constitucional. Godoy Rangel llamó a las y los legisladores a respaldar la iniciativa, que forma parte de la agenda de reformas impulsadas desde el Grupo Parlamentario de Morena.
La discusión sobre la nacionalidad de los titulares del Ejecutivo toca un punto sensible del diseño institucional mexicano: la relación entre los derechos de las personas y los requisitos de quienes ejercen el poder. El debate legislativo definirá si México adopta un criterio más restrictivo para sus máximos cargos de elección popular o si mantiene el esquema vigente, en un contexto donde la movilidad internacional y las dobles nacionalidades son cada vez más comunes entre la población.