El diputado federal Bruno Blancas Mercado, de Morena, presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reforzar la protección patrimonial de las personas adultas mayores, un sector que con frecuencia enfrenta fraudes y despojos por parte de familiares o terceros.
La propuesta, turnada a comisiones, plantea reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Código Civil Federal para establecer un usufructo vitalicio obligatorio cuando una persona mayor done un inmueble. Esto significa que, aunque transfiera la propiedad, conservaría el derecho a habitarla, disfrutarla o recibir rentas si así lo desea.
El objetivo es evitar que una donación se convierta en un mecanismo de despojo. Según el legislador, muchas personas mayores ceden sus bienes a hijos o nietos con la promesa de cuidados, pero luego son desalojadas o pierden su única fuente de ingresos.
La iniciativa también contempla proteger al cónyuge sobreviviente. Si uno de los integrantes de la pareja fallece, el otro no debería quedarse sin vivienda ni medios de subsistencia, situación que se ha documentado en diversos casos.
Además, se fortalecen los mecanismos legales para revocar donaciones o anular actos jurídicos cuando se demuestre que fueron realizados mediante engaño, coacción o abuso de confianza. Esto daría a las personas mayores una vía más clara para recuperar sus bienes.
Blancas Mercado subrayó que la medida no limita la libertad de las personas mayores para decidir sobre su patrimonio, sino que busca que sus decisiones sean libres e informadas. "Una donación no puede convertirse en una sentencia de despojo", afirmó durante la sesión.
La iniciativa responde a una problemática real: el envejecimiento de la población mexicana y la necesidad de garantizar una vejez digna. Según datos del Inegi, en 2020 había más de 15 millones de personas de 60 años o más, y se estima que la cifra seguirá creciendo.
De aprobarse, la reforma daría mayor certeza jurídica a las personas mayores y a sus familias, al tiempo que enviaría un mensaje claro contra el abuso patrimonial. El siguiente paso será el análisis en comisiones, donde se podrán incorporar opiniones de especialistas y organizaciones civiles.
Para la ciudadanía, esta iniciativa significa un avance en la protección de los derechos de un grupo vulnerable, pues busca que el esfuerzo de toda una vida no se pierda por confianza mal depositada. La discusión legislativa será clave para definir los alcances de esta protección.