La diputada federal de Morena Elena Edith Segura Trejo respaldó en tribuna de San Lázaro una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que busca sancionar la piratería y el uso indebido de la identidad de instituciones públicas, con el argumento de que se trata de prácticas que ya causan daños económicos y riesgos directos a la ciudadanía.
El punto central del dictamen, según la legisladora, es distinguir entre el humor y la sátira política y las conductas que buscan engañar a las personas para obtener un beneficio económico. Segura Trejo sostuvo que la reforma no pretende criminalizar memes, caricaturas, publicaciones en redes sociales ni críticas al gobierno, sino cerrar espacios que hoy se usan para cometer fraudes.
Para que una conducta sea sancionable en los supuestos de uso indebido de identidad institucional, explicó, deben concurrir tres elementos: que se realice a escala comercial, que induzca a error o engaño sobre el carácter oficial de un documento o identidad, y que exista la intención de cometer un ilícito. Esa delimitación es relevante porque define el alcance de la reforma y responde a las inquietudes sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.
La diputada ejemplificó el problema con la suplantación de páginas de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), utilizadas para ofrecer trámites falsos, obtener datos personales o cometer fraudes. En esos casos, dijo, el riesgo recae sobre ciudadanos que pueden perder dinero o entregar información sensible a terceros que se hacen pasar por autoridades.
En materia económica, Segura Trejo citó estimaciones atribuidas a la CONCANACO SERVYTUR según las cuales el consumo de productos pirata en México alcanzó un valor estimado de 63 mil millones de pesos durante 2025, con afectaciones reportadas en alrededor de 70 mil empleos formales. La legisladora señaló que esas prácticas generan competencia desleal y perjudican a empresas y trabajadores que operan en la economía formal.
El debate sobre propiedad industrial y piratería no es nuevo en el Congreso, pero la discusión reciente incorpora un componente digital: el uso de identidades institucionales en internet y redes sociales para simular trámites oficiales. La propuesta busca que la protección legal cubra tanto el trabajo creativo como la confianza pública en documentos y plataformas del Estado.
Para la ciudadanía, el impacto práctico de la reforma dependería de su aplicación: por un lado, permitiría perseguir fraudes cometidos mediante la suplantación de dependencias; por otro, obligaría a las autoridades a demostrar los tres elementos previstos para no confundir una crítica o una sátira con un delito. Ese equilibrio será clave en la discusión y en la eventual implementación de las normas.
Segura Trejo reiteró su voto a favor del dictamen y llamó a sus compañeros legisladores a respaldarlo, al considerar que la libertad de expresión debe protegerse, los fraudes deben combatirse y el trabajo creativo debe contar con respaldo jurídico. La discusión continúa en el Poder Legislativo, donde se definirá el texto final y su alcance.