El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el vocero de Morena, Arturo Ávila Anaya, presentaron una propuesta para crear una Comisión Especial que dé seguimiento y prevenga posibles casos de financiamiento extranjero, injerencia digital y operaciones automatizadas de desinformación en los procesos electorales. La iniciativa busca dotar al Poder Legislativo de un mecanismo de vigilancia institucional frente a redes digitales coordinadas, campañas de desinformación, bots, perfiles no auténticos y recursos de origen extranjero que pudieran incidir en la conversación pública y en la voluntad ciudadana.
Arturo Ávila subrayó que la defensa de la democracia requiere instituciones sólidas, transparencia y elementos verificables, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de personas, instituciones o plataformas. En ese sentido, la comisión tendría un carácter plural, temporal y no dictaminador, con vigencia hasta la conclusión de la LXVI Legislatura, es decir, hasta 2027.
Entre sus tareas estaría elaborar un diagnóstico sobre propaganda digital político-electoral, identificar riesgos relacionados con operaciones automatizadas y redes coordinadas, así como formular propuestas legislativas para fortalecer la integridad de los procesos electorales. El diseño contempla la participación de autoridades, especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, plataformas digitales, empresas tecnológicas y medios de comunicación, con el objetivo de reunir información y generar propuestas para prevenir, detectar y atender nuevas formas de injerencia en los procesos democráticos.
La iniciativa se presenta en un contexto donde las autoridades electorales mexicanas han advertido sobre el uso creciente de herramientas digitales para influir en la opinión pública. El Instituto Nacional Electoral ha señalado en diversos ejercicios la necesidad de actualizar los mecanismos de vigilancia sobre gasto en redes sociales y publicidad política, mientras que especialistas en derechos digitales han llamado a equilibrar cualquier regulación con la protección de la libertad de expresión.
Para la ciudadanía, la eventual creación de esta comisión implicaría un canal institucional para denunciar o dar seguimiento a posibles operaciones de desinformación que afecten la equidad de las contiendas. También abriría la puerta a que el Congreso discuta nuevas reglas sobre transparencia en plataformas digitales, publicidad política y origen de recursos, temas que impactan directamente en la información que reciben los votantes.
El reto principal será evitar que un órgano de vigilancia derive en censura o en señalamientos sin sustento. Los propios promoventes insistieron en que no se prejuzgará sobre responsabilidades y que todo análisis deberá basarse en evidencia verificable. La discusión legislativa deberá precisar facultades, alcances y límites de la comisión, así como su articulación con el INE y otros organismos autónomos.
La propuesta aún debe ser analizada y, en su caso, aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados. De concretarse, la comisión trabajaría durante los próximos años, en un calendario que coincide con el proceso electoral federal de 2027, lo que la coloca como un posible actor en la antesala de esa contienda.