El diputado de Morena José Narro Céspedes planteó revisar y reforzar los recursos para el campo mexicano dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, con el fin de ampliar apoyos a productores, mejorar la comercialización, facilitar el acceso al crédito y atender pendientes de infraestructura rural. El señalamiento lo hizo en conferencia de prensa, acompañado por integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, en la que se cuestionó la forma en que se repartirían los recursos del Ramo 8.
El proyecto presupuestal contempla 88 mil 758 millones de pesos para ese ramo, pero el legislador consideró necesario revisar su distribución, sobre todo porque se prevén reducciones para programas como Fertilizantes para el Bienestar, Acopio para el Bienestar e infraestructura rural. Esos ajustes son relevantes para los productores de granos básicos, que dependen de insumos y de mecanismos de acopio para sostener su actividad.
Narro Céspedes ubicó entre las prioridades garantizar apoyos efectivos a los productores, fortalecer la sanidad agroalimentaria y dar certeza jurídica sobre la propiedad social de la tierra. Estos tres puntos tocan directamente la operación cotidiana del campo: la sanidad incide en la posibilidad de vender productos en mercados nacionales e internacionales, mientras que la certeza sobre la tenencia de la tierra influye en la inversión y en el acceso a programas públicos.
En la misma conferencia, el agricultor y ganadero sinaloense Benjamín Valenzuela Segura propuso crear un fondo compensatorio para productores de granos básicos, establecer precios mínimos para excedentes agrícolas y destinar 20 mil millones de pesos del presupuesto de 2027 a fondos de garantía que permitan impulsar bancos estatales de financiamiento agrícola. Las propuestas apuntan a dos problemas persistentes del sector: la volatilidad de precios y la dificultad de los pequeños y medianos productores para acceder a crédito formal.
El encuentro también sirvió para anunciar que el próximo 4 de noviembre se realizará en la Ciudad de México el precongreso nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, donde productores y organizaciones campesinas construirán propuestas para la discusión presupuestaria. Ese ejercicio busca llevar planteamientos del sector rural a la negociación del presupuesto en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría y donde se definirá la versión final del gasto para 2027.
El debate sobre el Ramo 8 ocurre en un contexto de presiones sobre el gasto público y de reclamos recurrentes de organizaciones campesinas por la operación de programas sociales rurales. La discusión no se limita al monto global, sino a la distribución entre programas, pues de ello depende que los apoyos lleguen a los productores que enfrentan costos de insumos, sequías y problemas de comercialización.
Para los ciudadanos del ámbito rural, las decisiones sobre fertilizantes, acopio e infraestructura se traducen en costos de producción, ingresos disponibles y condiciones para sembrar o vender la cosecha. En zonas con alta dependencia de granos básicos, la revisión del presupuesto puede influir en la continuidad de apoyos que sostienen la actividad agrícola y en la dinamización de las economías locales.
El legislador de Morena y las organizaciones campesinas coinciden en la necesidad de revisar el proyecto, aunque las propuestas concretas deberán discutirse en el proceso legislativo. El precongreso del 4 de noviembre será una primera prueba de cómo se articulan esas demandas y de si logran traducirse en cambios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.