El Paquete Económico 2027 llegó a la Cámara de Diputados con una orientación que privilegia el gasto social, la inversión pública y la consolidación de las finanzas, según la exposición que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, hizo ante el Pleno. La propuesta plantea mantener los programas sociales con recursos equivalentes al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto y una cobertura cercana a 43 millones de personas, además de elevar el gasto en salud, educación y campo por encima del crecimiento previsto para 2026.
En salud, el proyecto contempla 1.1 billones de pesos, un incremento de 10.9 por ciento frente al año previo, con el objetivo declarado de ampliar la cobertura, reforzar la infraestructura y asegurar el abasto de medicamentos. La estrategia incluye avanzar hacia un Servicio Universal de Salud y dar continuidad a programas como Salud Casa por Casa, que llevan atención médica a domicilio. Para educación se proponen 1.3 billones de pesos, con un alza superior al 7 por ciento, mientras que el campo tendría 91 mil millones de pesos, 17 por ciento más en términos reales, para impulsar la producción agroalimentaria y la soberanía alimentaria.
El gasto en seguridad se ubicaría en 167 mil millones de pesos y el rubro de ciencia, humanidades, tecnología e innovación en 71 mil millones. La inversión pública en infraestructura es otro de los ejes: se propone destinar el equivalente a 2.6 por ciento del PIB a inversión física presupuestaria, con proyectos en energía, transporte, logística, salud, agua y educación. Se trata de un monto relevante porque la inversión física suele ser el componente del gasto que más incide en la actividad económica y en la creación de empleo en el corto plazo.
En el apartado de ingresos, Hacienda plantea elevar la recaudación tributaria a 15.9 por ciento del PIB y reforzar el combate a la evasión y elusión fiscal, en particular contra operaciones simuladas. La ruta de consolidación fiscal contempla un déficit público proyectado de 3.9 por ciento del PIB y una deuda pública estimada en 55 por ciento del PIB. Estos indicadores son los que suelen seguir los mercados y las calificadoras para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas, por lo que su evolución marcará buena parte del debate legislativo.
El paquete llega en un contexto en el que el Congreso debe discutir y, en su caso, modificar la propuesta antes de aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos. Los montos anunciados son propuestas, no recursos garantizados: cada partida deberá pasar por el filtro de las comisiones y del Pleno, donde suelen ajustarse los montos y las prioridades. Para las familias beneficiarias de programas sociales, la continuidad de los apoyos depende de que esas partidas sobrevivan al proceso legislativo.
El impacto práctico se concentra en varios frentes. En salud, un aumento de 10.9 por ciento podría traducirse en más personal, mejor infraestructura y mayor abasto de medicamentos si los recursos se ejercen con eficacia. En educación, el alza superior al 7 por ciento apunta a sostener la operación del sistema y programas de apoyo. En el campo, el incremento de 17 por ciento en términos reales busca fortalecer la producción de alimentos, un tema sensible para los precios de la canasta básica. En infraestructura, los proyectos de energía, agua y transporte pueden detonar empleo regional, aunque su efecto depende de la velocidad con que se liciten y ejecuten.
El debate también tocará el financiamiento del gasto. Elevar la recaudación a 15.9 por ciento del PIB implica reforzar la fiscalización de grandes contribuyentes y de esquemas de operaciones simuladas, una tarea que requiere capacidad institucional y que suele enfrentar resistencias. Mantener el déficit en 3.9 por ciento del PIB y la deuda en 55 por ciento del PIB es la señal que Hacienda envía a los mercados para sostener la estabilidad macroeconómica mientras aumenta el gasto social.
La discusión del Paquete Económico 2027 será una de las más relevantes del año legislativo, porque define cuánto dinero recibirán los programas sociales, la salud, la educación y la infraestructura, y cómo se pagará. El resultado final dependerá de la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y de la capacidad de la Cámara de Diputados para revisar partida por partida. Para la ciudadanía, el punto de atención estará en si los montos anunciados se mantienen y si llegan a los territorios donde más se necesitan.