La diputada Susana Estrada Rojas presentó ante el Pleno de la LXII Legislatura del Estado de México una iniciativa para sancionar con hasta 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a las personas desarrolladoras de vivienda, constructoras o propietarias de conjuntos habitacionales, industriales o de servicios que incumplan con la construcción de sistemas de captación de agua pluvial. La multa equivale actualmente a un millón 173 mil 100 pesos, de acuerdo con el planteamiento.
La propuesta busca reformar la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios con el fin de establecer obligaciones claras para el sector inmobiliario y de servicios. Además de la sanción máxima, el documento conserva el rango de 10 a 500 veces el valor diario de la UMA, alrededor de 58 mil 655 pesos, para quienes incumplan con las disposiciones sobre uso eficiente del agua previstas en la normativa vigente.
El proyecto define los sistemas de captación de agua pluvial como aquellos mecanismos que permiten recolectar, filtrar, tratar y almacenar el agua de lluvia que cae en techos o cubiertas para su posterior aprovechamiento en viviendas o edificaciones. La iniciativa precisa que estos sistemas, junto con plantas y pozos de absorción, deberán estar disponibles antes de la ocupación de los conjuntos habitacionales.
Durante su intervención, Estrada Rojas aclaró que la captación de lluvia no sustituye la obligación gubernamental de garantizar el suministro, una red hidráulica eficiente, la inversión pública ni el derecho humano al agua. Señaló que los recursos obtenidos por las sanciones podrían destinarse a la reparación de redes, reducción de fugas, recuperación de acuíferos y mejoramiento de la distribución en beneficio de la población.
La legisladora expuso que la disponibilidad de agua renovable en la entidad es de apenas 268 metros cúbicos por habitante al año, menos de la mitad de la media nacional, y que más de 1.2 millones de mexiquenses padecen directamente los efectos de la escasez. Con ese contexto, planteó la necesidad de una nueva cultura hídrica que valore cada gota e incorpore soluciones sostenibles desde el origen del crecimiento urbano.
El documento también establece que las personas particulares propietarias o poseedoras de inmuebles de cualquier uso de suelo podrán implementar estos sistemas y acceder a beneficios fiscales otorgados por la autoridad municipal. La Comisión del Agua estatal determinará mecanismos alternativos para cumplir con la obligación, y el reglamento correspondiente fijará los procedimientos aplicables.
Asimismo, la iniciativa propone que las autoridades del agua impulsen la instalación de sistemas de captación mediante incentivos fiscales aprobados por los ayuntamientos, con el objetivo de conservar reservas hídricas y contribuir a la recarga de acuíferos. Los gobiernos municipales deberán fomentar estas instalaciones y otorgar beneficios fiscales proporcionales al cumplimiento, sin poner en riesgo su presupuesto de ingresos.
El texto precisa que las visitas ordenadas por la autoridad del agua competente tendrán como finalidad verificar la existencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales y de captación, así como el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga y su adecuada operación. La propuesta también contempla fomentar la construcción y conservación de instalaciones alternas que sustituyan al drenaje cuando este no pueda construirse.
De aprobarse, la reforma impactaría directamente en el sector de la construcción y en los propietarios de conjuntos habitacionales, industriales y de servicios del Estado de México, quienes deberían incorporar infraestructura de captación pluvial en sus desarrollos. Para los municipios, implicaría diseñar esquemas de incentivos fiscales y mecanismos de verificación, mientras que la población podría beneficiarse de una mejor gestión del agua en una entidad con estrés hídrico significativo.