La presidenta Claudia Sheinbaum firmó acuerdos con empresarios del sector aguacatero, principalmente de Michoacán y Jalisco, para garantizar que la producción de aguacate de exportación opere sin deforestación y con seguridad laboral para los trabajadores. La mandataria federal compartió el anuncio a través de sus redes sociales, donde calificó la jornada como "un día muy importante para la exportación".
El aguacate es uno de los productos agropecuarios de mayor peso en las exportaciones mexicanas. Según las cifras mencionadas por la presidenta, el sector representa miles de empleos directos e indirectos y genera ingresos cercanos a los 3 mil 500 millones de dólares. Michoacán concentra la mayor parte de la producción nacional, mientras que Jalisco se ha consolidado como el segundo estado productor y exportador en años recientes.
La firma de los acuerdos contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, y de la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde. Los productores de Michoacán y Jalisco que participaron en el encuentro agradecieron al gobierno federal los trabajos en favor de la industria aguacatera de exportación.
El anuncio ocurre en un contexto en el que la producción aguacatera ha sido señalada por su expansión sobre zonas forestales y por presiones sobre el uso de agua y suelo en municipios michoacanos. Organismos ambientales y comunidades locales han documentado durante años el avance de huertos sobre áreas boscosas, particularmente en la meseta purépecha y en la región de Uruapan. Los acuerdos firmados apuntan a compromisos voluntarios entre el gobierno y los empresarios para atender esas preocupaciones.
En materia laboral, el sector aguacatero emplea a jornaleros que en muchos casos enfrentan condiciones de informalidad, traslados largos y exposición a riesgos en el campo. La mención de "seguridad laboral" en el acuerdo abre la expectativa de que se establezcan mecanismos de verificación en las empacadoras y huertos de exportación, aunque el anuncio no detalló plazos, sanciones ni instancias responsables de la supervisión.
Para las comunidades productoras, el entendimiento entre gobierno y empresarios puede traducirse en mayor certidumbre para la exportación, principal destino de la fruta mexicana hacia Estados Unidos. También implica que los compromisos ambientales y laborales quedarán sujetos al seguimiento de las dependencias federales, en un sector donde la trazabilidad y las certificaciones son requisitos cada vez más exigentes para acceder al mercado estadounidense.
El reto inmediato será convertir los acuerdos en mecanismos verificables. La deforestación asociada al aguacate y las condiciones laborales de los jornaleros son dos de los temas que más han escalado en la agenda pública y en las revisiones comerciales del sector. Sin detalles operativos, la firma representa un punto de partida, pero su impacto dependerá de la capacidad de las autoridades para dar seguimiento y de la disposición de los productores para cumplir lo pactado.