La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su gobierno impulse un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas, al señalar que no es necesario recurrir a ese gravamen dentro de las medidas fiscales de la administración federal. La postura cierra, por ahora, una de las vías que más se mencionaban en el debate sobre cómo reforzar los ingresos públicos sin crear nuevos impuestos.
El IEPS es un gravamen indirecto que se paga al comprar ciertos productos, entre ellos las bebidas alcohólicas, y que el Estado usa tanto para recaudar como para desincentivar el consumo de artículos considerados de riesgo para la salud. Su tasa se define cada año en el paquete económico y cualquier ajuste repercute de inmediato en el precio final que paga el consumidor en tiendas, bares y restaurantes.
Sheinbaum también sostuvo que las decisiones de política fiscal deben analizarse de manera integral y estar encaminadas a mantener la estabilidad económica del país. Bajo ese criterio, subrayó que no existe una determinación para elevar el impuesto a las bebidas alcohólicas, aunque el tema sigue presente en la discusión sobre el próximo ejercicio presupuestal.
El anuncio llega en un momento en que el Congreso y el área económica del gobierno revisan las medidas que podrían contemplarse para el siguiente presupuesto. La definición del IEPS suele ser uno de los puntos más observados por el sector productivo, porque impacta a la industria de bebidas, al comercio y al turismo, y porque un ajuste se traslada con rapidez al precio de venta.
Para los consumidores, la decisión implica que, al menos en el planteamiento presidencial, no habrá un encarecimiento adicional por esta vía en el corto plazo. Para los productores y comerciantes, da certidumbre sobre un costo que suele trasladarse al menú de bares y restaurantes y a los anaqueles de tiendas y supermercados.
El debate, sin embargo, no está cerrado. El IEPS a bebidas alcohólicas continuará bajo análisis en el ámbito legislativo y económico, donde se discuten alternativas de recaudación y su posible efecto en la inflación, el empleo y el consumo. Cualquier cambio tendría que pasar por el proceso presupuestal y quedar reflejado en la ley correspondiente.
La postura presidencial también envía una señal sobre el tono del paquete económico en construcción: priorizar la estabilidad y evitar medidas que se perciban como un golpe directo al gasto de las familias. El seguimiento del tema quedará en manos del Congreso y de la discusión presupuestal de los próximos meses.