La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad dos dictámenes que modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: uno para restringir la aparición de niñas, niños y adolescentes en propaganda político-electoral y otro para definir como personas candidatas jóvenes a quienes tengan entre 18 y 35 años cumplidos al día de la elección.
El primer dictamen prohíbe utilizar imágenes, voz o cualquier dato que permita identificar a menores de edad en propaganda político-electoral, salvo que se cumplan los requisitos de consentimiento y opinión informada previstos en la legislación. La propuesta retoma iniciativas de las diputadas Azucena Arreola Trinidad y Blanca Araceli Narro Panameño, ambas de Morena.
Durante la discusión, la diputada Maribel Solache González subrayó la necesidad de legislar en favor de la niñez y de garantizar el consentimiento de madres, padres o tutores cuando se pretenda usar la imagen de un menor en un proceso electoral. El diputado José Narro Céspedes planteó armonizar la legislación electoral con las normas y convenciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El segundo dictamen, impulsado por Narro Céspedes, busca que los partidos políticos procuren incluir a personas de entre 18 y 35 años en candidaturas y espacios de representación. El presidente de la comisión, Víctor Hugo Lobo Román, sostuvo que la reforma reconoce expresamente la participación política de las juventudes y genera condiciones para una mayor representación de las nuevas generaciones.
Ambos dictámenes aún deben seguir el proceso legislativo ordinario antes de convertirse en normas vigentes. Al tratarse de reformas a una ley general, su aplicación correspondería a las autoridades electorales federales y locales, y su impacto se sentiría en las campañas y en la integración de las candidaturas de los próximos comicios.
En el caso de la protección de menores, la medida responde a una discusión de años sobre el uso de la imagen de niñas y niños en actos proselitistas, donde en ocasiones aparecen sin que medie un consentimiento verificable. La reforma trasladaría esa exigencia al terreno legal y obligaría a los partidos a revisar sus materiales de campaña.
La definición de persona joven como candidata, por su parte, no establece cuotas obligatorias, sino que plantea que los institutos políticos procuren impulsar esas candidaturas. Esa redacción deja margen a la interpretación y a la autorregulación partidista, por lo que su efecto real dependerá de cómo se traduzca en las reglas internas de cada partido.
La comisión también sesionó en un contexto de revisión del marco electoral de cara a los próximos procesos, en los que la protección de datos de menores y la inclusión de nuevos perfiles en la competencia son temas recurrentes. Las decisiones de esta instancia legislativa suelen marcar la pauta de lo que después se discute en el pleno.
Con estas aprobaciones, los legisladores de Morena que integran la comisión avanzan en dos frentes: el resguardo de los derechos de la niñez frente a la propaganda y la apertura de espacios para la participación política de las juventudes. El trámite legislativo continúa y será en las siguientes etapas donde se defina su alcance final.