A tres años del inicio de la administración de Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México presentó un balance que coloca la seguridad y la obra pública como sus dos ejes principales. Según las cifras difundidas, entre enero y agosto de 2026 los delitos de alto impacto disminuyeron 27 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, mientras que el promedio diario de homicidios dolosos bajó 35.9 por ciento.
La administración estatal atribuye esos resultados a una estrategia sostenida en materia de seguridad, aunque el documento no detalla las acciones específicas que explican la caída ni desagrega el comportamiento por municipio. La entidad concentra una parte importante de la incidencia delictiva del país, por lo que la evolución de estos indicadores en los próximos meses será clave para confirmar si la tendencia se mantiene.
En obra pública, el gobierno estatal reporta la construcción, rehabilitación y modernización de más de 100 espacios públicos bajo la estrategia denominada “2026, Año de las Obras en EdoMéx”. Entre las intervenciones se incluyen deportivos, plazas cívicas y parques distribuidos en distintos municipios. El alcance de estos trabajos y su impacto en la vida cotidiana de las comunidades dependerá de que las obras concluyan y entren en operación.
El balance también incluye proyectos de movilidad de mayor escala, como el Trolebús Chalco-Santa Marta, el Tren Interurbano El Insurgente México-Toluca, la Línea III del Mexicable y las líneas 5, 6 y 7 del Mexibús. Estas obras forman parte de la agenda de conectividad del gobierno estatal y, en varios casos, son proyectos que trascienden la administración actual o dependen de coordinación con el gobierno federal y con los municipios.
En materia de empleo, el gobierno estatal afirma que el Estado de México se ubicó en el primer lugar nacional en generación de puestos de trabajo durante el periodo reportado, al concentrar aproximadamente uno de cada tres empleos creados en el país. Se trata de un dato relevante para una entidad que aporta una proporción significativa de la población ocupada del país, aunque el documento no precisa el número absoluto de plazas ni los sectores donde se concentraron.
El informe llega cuando la administración entra en la segunda mitad de su periodo constitucional y prepara su Tercer Informe de Gobierno. Ese ejercicio suele ser el punto de mayor visibilidad política para las administraciones estatales, ya que permite contrastar promesas de campaña con resultados y marcar la agenda de los años restantes.
Para la ciudadanía, los indicadores presentados tienen efectos prácticos diferenciados. La reducción de delitos de alto impacto, si se sostiene, puede traducirse en menor percepción de inseguridad en las zonas más afectadas. Las obras públicas y los proyectos de movilidad, por su parte, impactan la vida diaria en la medida en que reduzcan tiempos de traslado y mejoren el espacio urbano, aunque también implican costos, posibles afectaciones viales temporales y la necesidad de mantenimiento posterior.
El balance oficial no incluye, al menos en la información difundida, datos sobre el ejercicio presupuestal, el avance físico-financiero de cada obra ni indicadores de percepción ciudadana. Esos elementos serán relevantes para evaluar de manera más completa el desempeño de la administración en los próximos meses y para que la ciudadanía cuente con herramientas de contraste más allá de los reportes institucionales.