El gobierno federal presentó los objetivos de una nueva Ley de Economía Digital con la que busca reducir el uso de efectivo, ampliar la bancarización y facilitar que pequeños comercios y trabajadores independientes cobren mediante el teléfono celular. La propuesta fue expuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, quienes plantearon aprovechar la infraestructura de pagos que ya opera en el país.
Uno de los ejes centrales es el uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), desarrollado por el Banco de México, y del esquema de Cobro Digital (CoDi). Según la explicación oficial, México ya cuenta con una red de transferencias interbancarias sobre la cual pueden montarse soluciones de cobro accesibles, a diferencia de otros países que tuvieron que construir sus sistemas desde cero.
En la práctica, un pequeño establecimiento podría colocar un código QR estático en su mostrador para que el cliente lo escanee, escriba el monto y confirme la transferencia. También podría generar el código desde un teléfono celular o usar una pantalla que emita un código específico para cada operación, sin necesidad de instalar sistemas complejos.
La iniciativa también contempla facilitar la apertura de cuentas bancarias de nivel básico de manera remota con una identificación. Con ello, el gobierno espera que más pequeños negocios y trabajadores independientes ingresen al sistema financiero formal y puedan acceder después a otros productos, incluido el crédito. Para revisar los límites de operación de esas cuentas cuando incorporen transferencias digitales, se trabaja con la Secretaría de Hacienda, la banca y el Banco de México.
Otro componente es que las instituciones gubernamentales adopten pagos digitales. De acuerdo con la propuesta, esto permitiría aumentar la trazabilidad de las operaciones y reducir espacios donde puedan producirse irregularidades. El planteamiento se enmarca en una estrategia más amplia de digitalización de trámites y servicios públicos.
El impacto potencial para la ciudadanía es doble. Por un lado, quienes hoy operan en efectivo podrían encontrar una vía más sencilla para cobrar y pagar desde el celular, con menores costos de traslado o manejo de dinero en efectivo. Por otro, la formalización de actividades económicas implica obligaciones fiscales y registros que algunos comerciantes podrían ver con cautela, especialmente si la transición no viene acompañada de información clara y acompañamiento.
La discusión sobre la Ley de Economía Digital ocurre en un contexto de expansión de los pagos digitales en México, donde las transferencias interbancarias han crecido y conviven con un uso extendido del efectivo, sobre todo en zonas rurales y en sectores de menores ingresos. La propuesta busca cerrar esa brecha, aunque su éxito dependerá de la cobertura de internet, la disponibilidad de dispositivos y la confianza de los usuarios en los canales digitales.
Para el Estado de México, entidad con un alto número de unidades económicas pequeñas y una parte importante de su población ocupada en la informalidad, la iniciativa podría tener efectos concretos en la operación diaria de tianguis, comercios de barrio y prestadores de servicios. La adopción dependerá de que las herramientas sean accesibles y de que la regulación secundaria precise costos, límites y protecciones para los usuarios.
El siguiente paso será la discusión legislativa y la definición de las reglas de operación de las cuentas básicas y los cobros digitales. Hasta entonces, la propuesta marca una ruta hacia un sistema de pagos más interconectado, con el reto de no excluir a quienes aún dependen del efectivo.