La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa de regularización fiscal sin límite de monto para quienes mantienen adeudos con el fisco, como parte de la propuesta de Ley de Ingresos del próximo año. Durante la conmemoración de los 50 años del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la mandataria explicó que los contribuyentes con deudas pendientes podrán ponerse al corriente sin el pago de multas ni recargos, sin importar el monto del adeudo.
La medida busca incentivar la actividad económica y ampliar la base de contribuyentes que regularizan su situación ante la autoridad hacendaria. Aunque no se precisó el universo de contribuyentes que podrían acogerse ni el monto estimado de condonación, el anuncio coloca a la regularización fiscal como uno de los ejes de la política de ingresos para el siguiente ejercicio.
En el mismo encuentro con líderes de cámaras industriales y de comercio, Sheinbaum presentó una cartera de inversión pública y mixta por 8.4 billones de pesos para los próximos cuatro años. El plan incluye 2 billones para Pemex, 794 mil 109 millones para generación eléctrica, 700 mil millones para la red carretera nacional, 815 mil millones para proyectos portuarios, 186 mil millones para trenes de pasajeros y carga, y 180 mil millones para proyectos estratégicos de agua, entre otros rubros.
La mandataria respondió también al planteamiento del presidente del CCE, José Medina Mora, sobre reducir el déficit fiscal. Se comprometió a bajarlo de manera responsable, sin prometer lo que no se pueda cumplir, y sostuvo que su administración trabaja con prudencia en ese objetivo. El intercambio refleja la interlocución entre el gobierno federal y el sector empresarial en un contexto de desaceleración global y tensiones arancelarias internacionales.
Como parte de la agenda de digitalización, Sheinbaum adelantó una estrategia de economía digital en coordinación con el Banco de México, cadenas comerciales como OXXO y 7-Eleven, y la banca comercial. El objetivo es reducir el uso de efectivo e integrar a las micro y pequeñas empresas al sistema crediticio formal. A esa estrategia se sumará un catálogo único para homologar y simplificar trámites a nivel municipal y estatal.
El anuncio ocurre en un momento en que la relación entre el gobierno y el empresariado busca consolidarse mediante acuerdos de inversión y simplificación administrativa. La regularización fiscal sin topes podría traducirse en mayor recaudación si los contribuyentes morosos aprovechan el esquema, aunque también plantea dudas sobre el impacto en las finanzas públicas y la equidad entre quienes han cumplido puntualmente con sus obligaciones.
Para las mipymes, la combinación de regularización fiscal, digitalización de pagos y simplificación de trámites podría facilitar su incorporación a la economía formal y al crédito bancario. Sin embargo, la efectividad dependerá de la instrumentación, de la capacidad operativa del Servicio de Administración Tributaria y de la coordinación con estados y municipios para el catálogo único de trámites.
El plan de infraestructura anunciado contempla esquemas de inversión mixta con la banca de desarrollo, lo que implica la participación de capital privado en proyectos estratégicos. La magnitud de la cartera, superior a los 8 billones de pesos, supone un reto de ejecución y de coordinación entre dependencias federales, empresas y gobiernos locales en los próximos cuatro años.
La presidenta hizo un llamado a mantener el trabajo conjunto entre el sector empresarial, los sindicatos y el Gobierno de México. Señaló que los momentos complejos de la economía mundial obligan a caminar juntos y agradeció la confianza y la apertura al diálogo de los líderes empresariales. El encuentro, celebrado por los 50 años del CCE, sirvió como marco para exponer una agenda que combina disciplina fiscal, inversión en infraestructura y digitalización económica.