La diputada federal de Morena Marisela Zúñiga Cerón propuso crear una comisión especial en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, luego de que el plazo para su entrada en vigor se amplió hasta el 1 de julio de 2031. La legisladora planteó que esa instancia supervise los avances de las entidades federativas, detecte rezagos y vigile la armonización legislativa, con atención particular a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un instrumento que busca homologar las reglas procesales en materia civil y familiar en todo el país, un ámbito que durante décadas quedó disperso entre los códigos de cada entidad. Su implementación implica cambios en juzgados, tribunales, defensorías y congresos locales, además de procesos de capacitación para operadores jurídicos y ajustes presupuestales. La extensión del plazo hasta 2031 reconoce la complejidad de esa transición, pero también abre un periodo prolongado en el que los derechos de los usuarios del sistema de justicia podrían quedar sujetos a reglas heterogéneas.
En la conferencia de prensa donde se presentó la propuesta, la diputada Ana Erika Santana, del PVEM, expresó su desacuerdo con la postergación de las disposiciones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad y llamó al Senado de la República a reconsiderar la medida. Su postura refleja una preocupación que organizaciones civiles han planteado en distintos foros: que la ampliación del plazo termine por diluir obligaciones ya reconocidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, propuso construir una agenda nacional de coordinación entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para atender los retos operativos sin retrasar el ejercicio de los derechos. La participación del notariado resulta relevante porque buena parte de los actos jurídicos civiles, como contratos, testamentos y poderes, pasan por la fe pública y requieren reglas claras para su instrumentación.
Ruth López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, destacó que la comisión contribuiría a evaluar avances, vigilar la asignación de recursos y coordinar los trabajos de los poderes judiciales y congresos locales. En el centro del debate está la transición hacia un sistema de apoyos que reconozca la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y garantice su derecho a tomar decisiones propias, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para la ciudadanía, el seguimiento de este proceso tiene efectos prácticos: la forma en que se tramitan juicios familiares, herencias, contratos y asuntos civiles depende de la vigencia y aplicación homogénea del código. Una implementación desigual entre estados puede traducirse en tiempos distintos, requisitos variables y costos diferentes para trámites similares, además de afectar a personas que requieren apoyos para ejercer su capacidad jurídica.
La propuesta de comisión especial aún debe discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definiría su integración, atribuciones y periodo de trabajo. El reto para Morena y sus aliados será convertir el seguimiento en un mecanismo con resultados verificables, que no se limite a reuniones informativas y que permita medir, entidad por entidad, el avance en capacitación, infraestructura y armonización normativa antes de 2031.