La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que en México no existe represión del Estado ni censura, y afirmó que el país vive un clima de libertades plenas. Durante su conferencia de prensa, la mandataria contrastó la situación actual con la represión ordenada hace casi 58 años por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, en referencia a la masacre del 2 de octubre de 1968.
Sheinbaum señaló que quienes sostienen que no hay libertad de expresión en el país incurren en una falsedad absoluta. Como muestra de ello, mencionó que el día anterior se realizó un encuentro entre personajes de la derecha internacional sin que ninguna autoridad interviniera para impedirlo, lo que a su juicio evidencia que no hay censura ni restricción a la manifestación pública.
La presidenta también se refirió al papel de algunos medios de comunicación que, según dijo, difunden mentiras, y subrayó que no se actúa contra ellos precisamente porque existe libertad de expresión. Ese señalamiento forma parte de su argumentación sobre la tolerancia del actual gobierno frente a críticas y opiniones adversas.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de debate público sobre los límites de la libertad de expresión y el trato a voces críticas. La fecha evoca uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país, cuando una movilización estudiantil fue reprimida violentamente en Tlatelolco, hecho que marcó la memoria colectiva y que suele ser punto de referencia en discusiones sobre autoritarismo y derechos humanos.
Para la ciudadanía, el debate tiene consecuencias prácticas: define el margen con el que pueden ejercerse el periodismo, la protesta social y la crítica política sin temor a represalias. La postura presidencial busca fijar una posición institucional frente a organismos y actores que han cuestionado el ambiente para la prensa y la sociedad civil durante el actual sexenio.
El contraste que planteó Sheinbaum entre el pasado y el presente también apunta a diferenciar a su administración de gobiernos anteriores. Al recordar la represión de 1968, la mandataria busca deslindar a su gobierno de prácticas autoritarias y reivindicar la libre manifestación como un rasgo del régimen actual.
La discusión sobre libertad de expresión suele intensificarse en periodos de alta polarización. En ese marco, las declaraciones presidenciales pueden leerse como una respuesta a señalamientos de organizaciones internacionales y locales que han documentado riesgos para periodistas y defensores de derechos humanos en distintas regiones del país.
El tema permanece abierto y probablemente seguirá presente en la agenda pública, sobre todo porque involucra derechos fundamentales y la relación entre el gobierno, los medios y la ciudadanía. La forma en que se resuelvan las tensiones entre crítica y gobernabilidad será determinante para la calidad democrática del país en los próximos años.