La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que su gobierno mantiene una administración responsable de la deuda pública del país y que no existe motivo de preocupación sobre su sostenibilidad, luego de que se difundiera una versión que situaba ese indicador en torno al 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Durante la conferencia matutina del martes 22 de septiembre, la mandataria desmintió esa cifra y atribuyó parte de la confusión a ajustes metodológicos en el cálculo del PIB realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que modificaron la relación entre el tamaño de la economía y el saldo de la deuda.
Sheinbaum explicó que la deuda pública se mide principalmente como proporción del PIB y rechazó que el gasto corriente o la inversión del gobierno se financien de manera directa con endeudamiento. "No hay gasto corriente en el Gobierno o inversión que representa recursos de manera directa que se esté pagando con deuda y nosotros estamos haciendo una administración responsable de la deuda. No hay nada de qué preocuparse", declaró durante la conferencia.
La presidenta también precisó el destino legal de los recursos obtenidos mediante deuda pública. De acuerdo con su explicación, estos se canalizan a proyectos de infraestructura del país, y no a cubrir gasto operativo ordinario, lo que forma parte del marco normativo que regula el endeudamiento del sector público federal.
Sobre la capacidad de pago, la mandataria aseguró que los vencimientos de la deuda están cubiertos. "La capacidad de pago de los vencimientos de la deuda pública y esta está totalmente garantizada", afirmó. Con ello respondió a las críticas que han cuestionado el nivel de endeudamiento y su posible efecto sobre las finanzas públicas en los próximos años.
La discusión sobre el nivel de deuda pública tiene efectos prácticos para la ciudadanía porque incide en las tasas de interés que paga el gobierno, en el margen de maniobra del presupuesto y, eventualmente, en el costo del financiamiento para hogares y empresas. Un mayor endeudamiento relativo puede traducirse en presiones sobre el gasto público, mientras que una trayectoria sostenible permite mantener programas, obra pública y servicios sin recortes abruptos.
El episodio también muestra la importancia de los cambios metodológicos en las estadísticas nacionales. Cuando el INEGI actualiza el cálculo del PIB, la proporción de deuda respecto a la economía puede modificarse sin que el saldo absoluto de los pasivos haya cambiado, lo que obliga a revisar con cuidado las comparaciones entre periodos y las afirmaciones sobre aumentos o reducciones de la deuda.
Para el Estado de México, uno de los territorios con mayor peso demográfico y económico del país, la discusión sobre la deuda federal es relevante porque de ella dependen transferencias, inversión en infraestructura y el entorno financiero general. La entidad también tiene su propia deuda estatal, por lo que el debate nacional sobre sostenibilidad y transparencia suele replicarse en el ámbito local.
El gobierno federal mantiene así su postura de que las finanzas públicas se encuentran bajo control y que los indicadores de deuda se mantienen en rangos compatibles con el grado de inversión. Las críticas, sin embargo, continuarán en la medida en que los datos sobre crecimiento económico, tasas de interés y saldo histórico sigan siendo materia de interpretación entre especialistas y actores políticos.