La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto que prohíbe la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La medida, que forma parte de una reforma constitucional, fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados y el Senado, y ratificada por 22 congresos locales, por lo que se publicará en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
La firma se realizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde la mandataria destacó que con esta reforma se busca garantizar que quienes ocupen los cargos de mayor responsabilidad en el país tengan un compromiso exclusivo con México. La modificación constitucional establece que los aspirantes a estos puestos no podrán tener otra nacionalidad al momento de registrar su candidatura ante las autoridades electorales.
El decreto precisa que será en las leyes secundarias donde se defina el procedimiento mediante el cual los interesados deberán renunciar a su segunda nacionalidad. Este trámite no solo se realizará ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también ante otras instancias gubernamentales mexicanas y de los países donde posean la otra nacionalidad. Con ello se busca evitar que existan vacíos legales que permitan a un candidato mantener un vínculo jurídico con otro Estado.
La reforma constitucional fue impulsada por la propia presidenta y contó con el respaldo de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados. Tras su aprobación en el Congreso de la Unión, fue enviada a los congresos estatales, donde 22 de ellos la ratificaron, cumpliendo así con el requisito constitucional para modificar la Carta Magna. La publicación en el Diario Oficial de la Federación marcará su entrada en vigor.
El impacto de esta medida es directo en el sistema político mexicano, pues establece un requisito adicional para quienes buscan los cargos de elección popular más relevantes. A partir de ahora, cualquier persona que haya nacido en otro país o que haya adquirido otra nacionalidad deberá renunciar a ella si desea competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esto podría afectar a futuros aspirantes que tengan doble nacionalidad, aunque no se ha precisado si la medida aplicará de manera retroactiva o solo para los próximos procesos electorales.
La reforma también plantea un debate sobre los derechos de los mexicanos por nacimiento que residen en el extranjero o que han obtenido otra nacionalidad por matrimonio o naturalización. Algunos especialistas en derecho constitucional han señalado que la medida podría ser restrictiva, mientras que sus defensores argumentan que fortalece la soberanía nacional y evita conflictos de interés. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre cómo se verificará el cumplimiento de este requisito ni qué sanciones habría para quienes incurran en falsedad.
Con la publicación del decreto, el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales deberán adecuar sus reglamentos para incluir este nuevo requisito en los procesos de registro de candidaturas. Se espera que en las próximas semanas se emitan los lineamientos correspondientes, aunque no se ha establecido una fecha límite. La reforma forma parte de una serie de cambios constitucionales impulsados por la actual administración en materia política y electoral.
La firma del decreto se da en un contexto de discusión sobre la doble nacionalidad y los derechos políticos de los mexicanos en el exterior. Mientras algunos sectores celebran la medida como un paso hacia la consolidación de una identidad nacional única, otros advierten que podría excluir a ciudadanos que han construido su vida en ambos lados de la frontera. El debate continuará en el Congreso, donde se discutirán las leyes secundarias que darán operatividad a la reforma.