El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el objetivo de fortalecer la prevención, investigación y sanción de la simulación de obra pública y el fraude en la contratación pública. La propuesta busca elevar las sanciones para servidores públicos, empresarios y constructores que participen en esquemas donde las obras aparecen como concluidas en documentos oficiales pero no existen físicamente o permanecen inconclusas.
Durante una conferencia de prensa, el legislador explicó que la iniciativa contempla modificaciones a los artículos 214, 217, 223 y 224 del Código Penal Federal, con el fin de incrementar las penas para funcionarios involucrados en actos de fraude relacionados con obra pública y agilizar la atención de denuncias. También busca reforzar los mecanismos para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción vinculados con la contratación y ejecución de obras.
Santiago Rodríguez señaló que existen casos en los que calles aparecen como pavimentadas o con trabajos de agua y drenaje en los registros oficiales, pero en la realidad siguen sin atención o en condiciones deficientes. “Calles que llevan más de 30 años, 40 años, 20 años sin atenderse, sin resolverle la necesidad a la gente”, afirmó. Calificó estos casos como “calles fantasmas” y sostuvo que la iniciativa pretende evitar que los recursos destinados a infraestructura sean desviados o utilizados de manera irregular.
El diputado hizo énfasis en la situación que, afirmó, enfrentan habitantes de diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quienes durante sus recorridos le han expresado que algunas obras aparecen como realizadas en documentos, pese a que físicamente no existen o permanecen inconclusas. Esta situación, dijo, representa un posible uso irregular de recursos públicos y afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
La propuesta legislativa se enmarca en un contexto donde la fiscalización de la obra pública ha sido un tema recurrente en la agenda pública. La simulación de obras no solo implica un daño patrimonial al erario, sino que también priva a las comunidades de servicios básicos como pavimentación, agua potable y drenaje, lo que puede generar problemas de salud y movilidad.
De aprobarse la iniciativa, las reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas podrían establecer consecuencias jurídicas más severas para quienes incurran en estas prácticas. Esto incluiría tanto a servidores públicos que autoricen o incentiven la simulación como a empresarios y constructores que participen en el fraude.
El legislador reiteró su llamado a fortalecer las acciones contra la corrupción en la obra pública y afirmó que desde la Cámara de Diputados continuará impulsando medidas para sancionar a quienes participen en esquemas de simulación y fraude. “¡No más calles fantasmas!”, expresó al concluir su intervención.
La iniciativa deberá ser analizada y discutida en las comisiones correspondientes antes de ser sometida a votación en el Pleno. De avanzar, representaría un cambio en el marco legal para castigar prácticas que, según el diputado, han dejado obras inconclusas y han desviado recursos que deberían destinarse al beneficio de la población.