La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que realice una investigación profunda sobre los actos de tortura que, según señaló, cometieron policías de Jalisco contra jóvenes que protestaron por el suministro de agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara. Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que no puede haber tortura en México ni impunidad, y emplazó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a responder por lo ocurrido.
Sheinbaum detalló que su solicitud a la CNDH incluye que el organismo entreviste a las víctimas y determine quién dio la orden de la represión, con el fin de que haya responsables. Cuestionó cómo es posible que en 2026 sigan ocurriendo casos de tortura de policías contra jóvenes y subrayó que este tipo de prácticas debe desaparecer del país.
La presidenta también exigió que la CNDH o la Fiscalía General de la República actúen en Guanajuato, donde se han reportado agresiones de policías locales contra un periodista, seis universitarios y una mujer, atribuidas al director operativo de la policía de León, además del asesinato de un joven obrero. En ese sentido, insistió en que hay una responsabilidad de los estados y de sus corporaciones policiacas.
En el caso de Jalisco, la mandataria condenó que aún existan gobiernos que, dijo, siguen con el autoritarismo, particularmente contra jóvenes. Afirmó que los hechos deben investigarse, sancionarse y no quedar en la impunidad, porque no puede haber tortura en México. Relató que el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos derivó en lo que calificó como tortura, algo que, sostuvo, no puede permitirse en una detención.
La presidenta informó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre lo sucedido y reiteró su llamado a que la CNDH realice una investigación exhaustiva. Preguntó quién dio la orden y por qué, y pidió que se entreviste a las víctimas para deslindar responsabilidades.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de la fuerza por parte de corporaciones estatales y municipales en distintas entidades del país. Organismos de derechos humanos han advertido que la tortura y los tratos crueles durante detenciones siguen siendo un problema estructural en México, pese a las reformas legales y a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Para la ciudadanía, el caso pone de relieve la importancia de que las denuncias por abuso policial se investiguen con independencia y celeridad, y de que las víctimas tengan acceso a mecanismos efectivos de justicia. La intervención de la CNDH y de la Fiscalía General de la República, de concretarse, podría derivar en recomendaciones, sanciones administrativas o penales contra los responsables, así como en medidas para prevenir futuros abusos.
El llamado presidencial también coloca presión sobre los gobiernos estatales para que rindan cuentas sobre el actuar de sus policías. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus enfrenta el reto de esclarecer los hechos y garantizar que no queden impunes, mientras que en Guanajuato las autoridades locales deberán responder por las agresiones señaladas. La respuesta de ambas administraciones y el curso de las investigaciones serán determinantes para medir el alcance real de las exigencias planteadas desde el Ejecutivo federal.